“Privatización como parte de un modelo económico” por Liliana Orozco Camacho.

INTRODUCCIÓN

            El presente ensayo surge en el contexto de una transformación político-económica mexicana que se ubica bajo los parámetros de un modelo de fortalecimiento del Estado administrativo-supervisor y el debilitamiento de su participación como palanca de desarrollo económico, lo que generalmente se conoce como modernización productiva.

            Lo anteriormente planteado responde a dos motores: por un lado, el regreso al poder público de la cúpula política tradicional mexicana, que en pro de sus intereses como representantes y miembros de una clase dominante a niveles nacional e internacional, adoptan prácticas de liberalismo económico en el marco de la modernidad; es decir, aplican la doctrina del neoliberalismo económico sistemáticamente mediante reformas estructurales de carácter multidisciplinario, aprobadas por el aparato legislativo nacional no sin la confabulación del resto de los funcionarios públicos y sus respectivos partidos políticos sin considerar primordialmente el bienestar de la sociedad mexicana en su conjunto y sus grupos más desfavorecidos.

            Y en segundo lugar, la tendencia internacional de liberalizar mercados y factores productivos estratégicos dentro de un territorio nacional para el usufructo de las potencias trasnacionales, siguiendo los lineamientos de los organismos internacionales que se mueven bajo el dogma del libre mercado como supuesto benefactor ante la realidad mundial.

            Es en este tenor que el actual Presidente Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en conjunto con su aparato gubernamental, lanza una iniciativa de reforma constitucional que busca la privatización del sector energético, que incluye los subsectores petrolero y eléctrico.

            En el presente texto se perfila dicha iniciativa de reforma con otros aspectos del modelo neoliberal de adecuaciones estratégicas aplicado en un país subdesarrollado como es México, se busca clarificar la ya existente privatización del subsector petrolero y sus características, y una opción alternativa ante las problemáticas existentes de las paraestatales concebida para el largo plazo.

Reformas estructurales como anclaje del neoliberalismo.

            El neoliberalismo económico es una ideología cuya hegemonía mundial se remite al cambio de paradigma económico derivado de las crisis del Estado de Bienestar durante la segunda mitad del Siglo XX, y cuyos planteamientos fundamentales pueden ser encontrados en diversos autores de calidad internacional afines al modelo de dominación del primer mundo, lo que fundamenta el desarrollo histórico que ha significado.

Sus aplicaciones prácticas en las distintas naciones pueden resumirse en la desregulación del comercio y las finanzas, tanto en su nivel nacional como internacional; la privatización de muchos servicios otrora brindados por el Estado; la cesión por parte del Estado de su compromiso de regular activamente las condiciones macroeconómicas, especialmente en lo referente al empleo; brusca reducción en el gasto social; reducción de los impuestos aplicados a las empresas; ataques desde el gobierno y las empresas a los sindicatos, desplazando el poder a favor del capital y debilitando la capacidad de negociación de los trabajadores; proliferación de los trabajos temporales sobre los trabajos fijos; competición desenfrenada entre las grandes empresas, en relación a un entorno menos agresivo propio de la configuración de posguerra, e introducción de principios de mercado dentro de las grandes empresas, particularmente en lo referente a las remuneraciones de los trabajadores de más poder.

            La combinación de las características previamente enumeradas ha dado lugar a una serie de efectos a través del tiempo, como son una creciente desigualdad, incremento de la importancia del sector financiero y sucesión de grandes burbujas de activos (Kotz, 2008).

Las consecuencias económicas y sociales de la aplicación del modelo neoliberal en los distintos países se diferencían de acuerdo a los ciclos económicos del sistema capitalista en general, pero de manera conjunta y más específica, a raíz de las relaciones de centro-periferia que se estructuraron a partir de la colonización imperialista, que en el caso de México y demás países subdesarrollados (periferia) son efecto directo de la dependencia y atadura para con los países desarrollados (centro). Esta dependencia se caracteriza por un capitalismo inducido con la finalidad de facilitar materias primas y factores de producción a los países desarrollados mediante la actuación de una clase social dominante nacional vinculada a intereses extranjeros que ha reproducido los mecanismos de la época colonial (Martínez Peinado, 1995). Este proceso de reproducción histórico se denomina desarrollo del subdesarrollo (Gunder Frank, 1966), y significa un progreso siempre incompleto o falso de los países dependientes.

Entrando en materia, el caso de la economía mexicana intrínsecamente ligada a la economía estadounidense en correspondencia con los intereses de las respectivas clases dominantes, da como resultado un panorama actual de reestructuración que inició con una reforma laboral que institucionalizó las prácticas perjudiciales de sobre-explotación de trabajadores no burocráticos, y que responde a la necesidad de la flexibilidad en jornadas de trabajo, esquemas de pago y prestaciones para el mayor sometimiento de la clase trabajadora.

La siguiente medida para el fortalecimiento de la estructura política neoliberal fue una reforma en telecomunicaciones que permite una unión aún más arraigada con los agentes hegemónicos de opinión, que influyen en la población en general al difundir contenidos que pretenden consolidar una conformidad con la descomposición de todo el tejido social mexicano.

Consecutivamente, se aplica una reforma “educativa”, que en cuestión práctica significa una reforma laboral para los trabajadores de la educación, cuyo objetivo es debilitar al magisterio y su capacidad de organización y posible influencia social, pasando a afectar a toda la población inherente a la educación pública.

En lo que respecta al ámbito de las finanzas públicas, se plantea una iniciativa de reforma hacendaria que busca ajustar los impuestos de la clase media mexicana como necesidad de un Estado endeudado, precarizando las condiciones de vida y ampliando la desigualdad económica en todo el país.

Finalmente, la iniciativa de reforma energética motivo de este ensayo, plantea un sistema de contratos de utilidad compartida entre Petróleos Mexicanos y los gigantes internacionales sin la participación directa de éstos en los procesos productivos, que a gran escala justifica el encarecimiento de la subsistencia mediante el retiro de subsidios, alegando una eficiencia productiva y una modernización sectorial.

Como se puede ver, todas las reformas estructurales de los últimos años corresponden a la caracterización de la implantación violenta del neoliberalismo como etapa del capitalismo inducido en un país periférico, siendo la reforma energética de especial importancia al representar la liberalización de los últimos sectores productivos estratégicos a cargo del Estado que, en su momento, significaron la oportunidad de sobrepasar la dependencia extranjera.

Es aquí donde cabe citar la iniciativa de reforma constitucional en materia del sector energético y el montaje de soberanía nacional que plantea haciendo uso engañoso del modelo Cardenista que ha sido la base política histórica del Partido Revolucionario Institucional hoy de nuevo en el poder, al decir que se reconoce “el derecho exclusivo del Estado a explotar el petróleo y los carburos de hidrógeno” cuando en el período del presidente Lázaro Cárdenas, “al suprimirse las concesiones sobre el petróleo y demás hidrocarburos del subsuelo, se canceló la posibilidad de cualquier derecho de los particulares sobre dichos recursos naturales”; sin embargo, “por tratarse de bienes del dominio de la Nación, la consecuencia necesaria es que ahora sólo el Estado tiene el derecho de decidir sobre la extracción y disposición del petróleo y demás hidrocarburos del subsuelo” mediante la ley reglamentaria respectiva, “otorgándose para ello el más amplio margen al legislador”.

            Se puede observar claramente con lo anterior la intención de flexibilizar el proceso de explotación de los recursos petroleros dando plenas facultades a los legisladores de utilizar la ley reglamentaria respectiva según sus pretensiones, las cuales son, como ya se ha mencionado, la entrega de los beneficios derivados de la explotación petrolera mediante el deslinde gubernamental de su financiamiento cediéndolo a manos privadas.

            No obstante, es aún más radical la intención de ceder el sector eléctrico, al decir que

“se mantiene la titularidad del Estado sobre los servicios de transmisión y distribución eléctrica, a la vez que se reitera su carácter de servicio público (…) Adicionalmente, la nueva redacción constitucional permitirá, conforme a las bases que se establezcan en las leyes, que dicha Comisión celebre contratos con particulares. De esta manera, la titularidad de esas actividades a cargo del Estado no será obstáculo para que su organismo operador pueda auxiliarse de terceros para lograr los fines del servicio público”. Además, menciona que “la creación de un mercado competitivo de capacidad y energía, junto con un proceso de interconexión que aumente la transparencia y eficiencia en el otorgamiento de acceso a la red de transmisión, permitirá que haya múltiples desarrolladores responsables del aumento de capacidad, colocando a la CFE en condiciones de competir y otorgándole incentivos para hacer más eficientes sus propios procesos. (…) Por otro lado, la reforma brindará certidumbre jurídica a los proyectos de participación privada mientras que el mercado les dará mayor seguridad económica.”

            Lo previamente citado significa la participación del Estado en el sector eléctrico únicamente como regulador y supervisor de las condiciones de competencia económica, descentralizando así todo un mercado de producción y consumo de fundamental importancia por ser de básica necesidad para la población en general, lo cual no es sino la expresión más concreta de una libertad económica plenamente privada que se supone generará beneficios sociales, pero que dentro de la lógica del desarrollo del subdesarrollo, no representa más que el entreguismo a la clase económica dominante de uno de los sectores socialmente más significativos, pues para adquirir beneficios reales sería necesario un aumento en las ventas de petróleo insostenible (aumento necesario de más del 40%) y una cobertura del diferencial entre exportaciones de petróleo e importaciones de gasolina, que en las condiciones actuales de subsidio y capacidad de refinamiento, y un precio internacional del petróleo volátil con tendencia a la alza, implica un aumento de ganancias exagerado y que además debería estar comprometido con el propósito de reducir el precio de los energéticos, lo cual no es de esperarse.

Privatización ya existente y necesidad de renacionalización.

Para el mayor entendimiento de la situación mexicana entrado el siglo XXI es necesario reconocer situaciones problema derivadas de procesos históricos, las cuales corresponden a la discontinuidad del proyecto de desarrollo nacional Cardenista a mediados del siglo XX que deriva en el grado de privatización de Petróleos Mexicanos actual y a una desarticulación perpetua entre los actores políticos capaces de construir una alternativa a la hegemonía típica y contraponerla como bastión para la construcción de un poder popular que reivindique los factores económicos en beneficio de la sociedad mexicana.

Primeramente, en lo que respecta al grado de privatización ya existente en Petróleos Mexicanos deben mencionarse los sucesivos cambios que la ley reglamentaria en materia de energéticos ha tenido desde la expropiación petrolera de Cárdenas, y que han significado una participación privada constante en la explotación de los hidrocarburos, la cual se introduce en el modelo neoliberal actual de forma característica mediante las modificaciones aprobadas en 2008 y la promulgación de una Ley de Asociaciones Público-Privadas en el año 2012, que en conjunto han permitido la emisión de Certificados Bursátiles por parte de PEMEX con rendimientos variables para los inversionistas; una serie de Contratos de Exploración y Producción con Petrofac Facilities, Mngt, Ltd., Dowell Schlumberger y otras empresas extranjeras con poca o nula participación de PEMEX; el surgimiento de Comercializadoras privadas constituidas con fondos públicos e Holanda e Islas Caimán para triangulación de recursos, y un 27% de licitaciones de asociación productiva sin contenido nacional alguno (Plan de Negocios de PEMEX 2013-1017).

Es de singular importancia relacionar estas transformaciones de los últimos años con la falta de poder de los agentes políticos alternativos. En resumidas cuentas, se puede decir que la falta de propuesta renacionalizadora del sector energético y una alta actividad política reaccionaria que busca la paliación de las consecuencias en vez del ataque directo a las causas de la descomposición social mexicana, han permitido “escoger” y “aceptar” entre las opciones que ofrece la clase política dominante, y no han sido fuente de posibilidades transformadoras.

Más allá de la renacionalización.

            Es claro que México necesita modificaciones estructurales en materia de explotación de recursos estratégicos como el petróleo, pero para que el impacto sea para el beneficio común de la sociedad mexicana y rompa con el desarrollo del subdesarrollo que aqueja desde la época colonial y sólo beneficia a las clases políticas históricamente empoderadas, es necesario, en primer lugar, reconocer la serie de problemáticas que sufre el sector petrolero nacional. Dichas circunstancias pueden englobarse en el gravamen fiscal asfixiante actual, que no facilita la reinversión productiva y la eficiencia en el uso de recursos al tener una dependencia presupuestaria de la renta petrolera; un rendimiento neto negativo del 2001 a 2011 (excepto en el 2006 por un alto precio de exportación), a pesar de la reforma de 2008 que buscaba aligerar la carga impositiva de PEMEX (que derivó finalmente en un fuerte grado de privatización, como se mencionó en otro apartado); las precarias condiciones de poliductos y refinerías (40% de los poliductos nacionales se encuentran en necesidad de reemplazo); una incertidumbre ante los precios internacionales determinados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo reconocida como un cártel legal de países centrales, además de que el precio de la mezcla mexicana de exportación baja por decrementos por “competitividad” y por contraprestaciones para pagar triangulaciones; una corrupción “productiva” integrada en todo el entramado social mexicano, que en el caso de PEMEX se refleja en las 3,731 plazas sindicales identificadas como “sin materia de trabajo”, y por último pero no menos importante, una producción de crudo con tendencia negativa, que choca rotundamente con las pretensiones de la iniciativa de reforma de aumentar el ritmo de producción de manera no sustentable.

            Ante este reconocimiento de la realidad y a manera de conclusión, queda contrastar el abanico de posibilidades productivas técnicas y sociales que recaen en el aprovechamiento de la ventaja comparativa en cuestión de producción de gas, al ser PEMEX la petrolera con menores costos de producción en todo el mundo; y de mucha mayor relevancia, la búsqueda del bloqueo de los instrumentos de poder político colonial y de corrupción “productiva” mediante la construcción de órganos de poder popular en materia económica y política, que a largo plazo representen un transformación social que conlleve al desarrollo económico más allá de cualquier estructura de dominación nacional e internacional.

Bibliografía

  • Kotz, David M. Financiarización y neoliberalismo. Gary Teeple and Stephen McBride Ed. Toronto, Canadá, 2008.
  • Gunder Frank, A. El desarrollo del subdesarrollo. Anagrama, Barcelona, España, 1966.
  • Martínez Peinado, J. Economía Mundial. Editorial McGraw-Hill, Madrid, España, 1995.
  • Plan de Negocios de PEMEX para el periodo 2013-2017 (http://www.ri.pemex.com/).
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