el estado con alta responsabilidad en crímenes contra activistas

Por Sergio Ferrer

Abel Barrrera Hernández, director de la ONG Tlachinollan. Foto: lajornada.unam.mx

TLAPA, Guerrero.- “En Guerrero no se investigan los delitos en general, el sistema de procuración de justicia no está funcionando, no garantiza a la ciudadanía el derecho a tener acceso efectivo a la justicia, lo que coadyuva a un clima de impunidad y ajusticiamientos”, denunció Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

En entrevista para Los Ángeles Press sobre el panorama de los derechos humanos de los activistas en la entidad, Abel Barrera alude al asesinato de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino en Atoyac de Álvarez, perpetrado este sábado 19 de octubre, con un arma de alto calibre, exclusiva de la milicia mexicana.

Barrera Hernández, recalcó que la oficina de la ONU en México considera a Guerrero como uno de los estados más violentos y peligrosos para las defensoras y defensores de derechos humanos, después de Chihuahua y Coahuila. “sigue imperando la impunidad, incluso cuando víctimas o familiares han aportado pruebas o denunciado, no se castiga a los responsables, al contrario se protege, se premia a los que son señalados como presuntos responsables”, lamentó Barrera Hernández.

Un caso emblemático, señalado incluso por comisiones públicas de derechos humanos, es el caso del asesinato de dos jóvenes normalistas de Ayotzinapa a manos de policías, en el cual el Estado ha sido cómplice y figura con alta responsabilidad en los hechos al proteger a quienes privaron de la vida a los estudiantes.

Además, agregó el antropólogo, ha sido responsable de generar un clima de animadversión hacia los defensores de derechos humanos, usando campañas de desprestigio que han hecho eco en los medios y con declaraciones de autoridades militares, civiles, hasta el propio Ejecutivo estatal para desacreditar el trabajo de los defensores en lugar de legitimar la defensa que hacen de los derechos de la población.

Lo anterior alienta la agresión y afectaciones a la integridad física de quienes luchan por los derechos humanos lo que origina que “vivamos en una situación de zozobra, incertidumbre e incluso temor por este patrón de persecusión y ajusticiamiento”, aseguró Barrera Hernández.

Es por este contexto que la ONU acudió a presentar el informe para colocarlo en la opinión pública al ser una preocupación del sistema universal de derechos humanos frente a la insensibilidad y poco compromiso de las autoridades, lo cual se ve reflejado en un ánimo adverso y nada propositivo hacia el trabajo de las defensoras.

El asesinato de Rocío Mesino se da en un clima de impunidad lo cual muestra que se están creando las condiciones para que se atente contra los defensores en situaciones pacíficas, en situaciones de ayuda humanitaria, de apoyo a la gente de la sierra, concluyó Barrera Hernández.

Crímenes emblemáticos

La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío Mesino Mesino, en imagen de archivo Foto: Javier Verdín/La Jornada

Rocío Mesino Mesino, activista asesinada con una AK-47 el 19 de octubre de 2013 en las inmediaciones de la comunidad de Mexcaltepec, municipio de Atoyac de Álvarez, en la región de la Costa Grande. Su agresor huyó en una cutrimoto, y el Ejército no pudo dar con su paradero, según versión oficial.

Estuvo encarcelada sin pruebas ni juicio en 2011, hostigada permanentemente por policías municipales y paramilitares por su activismo y denuncias contra abusos de poder. Desaparecieron a varios de sus familiares en los años 70 y 80. En el periodo de Rubén Figueroa como gobernador, asesinaron a 17 activistas que trabajaban con su organización política.

Su padre fue encarcelado durante 10 meses en Chilpancingo y su hermano fue asesinado en noviembre de 2003. (Con información de La Jornada/Héctor Briseño y Sergio Ocampo).

Estudiantes asesinados por policías federales en Ayotzinapa, 11 de dic. de 2011. Foto: novedadesacapaulco.mx

Los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron asesinados por policías federales y del estado de Guerrero, el 11 de diciembre de 2011. La demanda de los jóvenes a través de un bloqueo de carretera era que reanudaran las clases después de varias semanas de suspensión, y por rechazar la imposición de Eugenio Hernández como director del plantel.  El bloqueo lo decidieron los estudiantes después de la cuarta ocasión que el gobernador Ángel Aguirre los dejara plantados para acordar soluciones.

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