Nueva acción urgente por Huexca, Morelos

Nos llega la siguiente Acción Urgente desde Huexca, Morelos:

Una vez más existe  la amenaza de la entrada de policía en Huexca ante la negativa del pueblo para aceptar obras financiadas por la CFE y el gobierno estatal. El día de hoy  entraron elementos de la policía estatal custodiando a los trabajadores que intentaban trabajar en una obra publica en el kinder del pueblo, pero fueron replegados por la población. Tememos que en estos días se realice un operativo mayor y un posible enfrentamiento.

C. GRACO RAMIREZ GARRIDO ABREU

GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS

DR. LUIS PLASCENCIA VILLANUEVA

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

C.  LUCERO IVONNE  BENITEZ VILLASEÑOR

PRESIDENTA  DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

C. FRANCISCO ROJAS GUTIERREZ

DIRECTOR DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

C. MATIAS NAZARIO MORALES

PRESIDENTE DE LA COMISIÒN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DEL ESTADO

C. JAVIER HERNANDEZ VALENCIA

REPRESENTANTE DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

A LAS AUTORIDADES CIVILES Y PENALES COMPETENTES

 A LAS ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES DE DERECHOS HUMANOS Y MEDIOS DE COMUNICACION

ANTECEDEDENTES

En la comunidad de Huexca, Yecapixtla la construcción de la termoeléctrica fue iniciada en enero de 2012 sin información y consulta previa. La comunidad, al darse cuenta del engaño, pues les argumentaron anteriormente que la obra era una planta tratadora de agua y en otras ocasiones una fábrica de plásticos, detuvieron la construcción de común acuerdo con las autoridades estatales en mayo de 2012,  hasta que el 23 de octubre de 2012 fue reabierta la obra por medio de la fuerza pública y la violencia hacia la población. Desde entonces la obra se ha estado construyendo con la presencia de policía estatal y federal, lo que demuestra que está siendo impuesta a la comunidad. En el operativo se violaron los derechos humanos de la comunidad en general, atacando su integridad física, paz social, derecho de consulta, seguridad, salud, tránsito, libre expresión, organización y manifestación.

En aquella ocasión el Gobernador Graco Ramírez presentó ante los medios un documento de firmas recibido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Dichas firmas fueron recabadas y entregadas por la familia de la C. Lourdes Hernández Paredes y Alejandro Elizalde Hernández y se obtuvieron por medio de engaños, falsificaciones y duplicidad de firmas. Estas firmas apócrifas fueron las que tomó como válidas el Gobierno de Graco Ramírez para ordenar el uso de la fuerza pública para reabrir los trabajos de  la termoeléctrica.

Las formas de convencimiento y engaño que ha utilizado el gobierno al interior de la comunidad han sido en coordinación con la C. Lourdes Hernández Paredes y su familia principalmente, quienes  han sido apoyados  por el gobierno estatal para convertirse en un grupo de poder al interior de la comunidad con el objetivo de  provocar miedo, división y compra de conciencia  para estar a favor de la termoeléctrica

Ahora, este grupo coludido con la CFE, el gobierno estatal y el gobierno municipal han estado impulsado una serie de reuniones en la presidencia municipal de Yecapixtla junto con el agente municipal de la comunidad, bajo la figura de un órgano, llamado “Consejo”, que no se consultó a la comunidad ni existe dentro de la estructura municipal.  Ha sido a través de éste que durante el mes de septiembre y octubre se han tenido dos reuniones en las que buscan presionar al ayudante municipal para que acepte obras públicas en la comunidad (la ampliación del centro de salud para convertirla en una clínica,  cambiar el pasto natural por pasto sintético de la cancha  y  construcción en el kinder)

Se han realizado tres asambleas en la comunidad, que es el órgano máximo de decisión del pueblo de acuerdo a sus usos y costumbres,  en las que se ha determinado el rechazo a las obras ya que las financia  la CFE y el gobierno estatal como parte de un discurso falso de aceptación de la termoeléctrica. El ayudante municipal ha respetado la decisión de la población.

HECHOS

DETENCIÓN ARBITRARIA Y TORTURA DE JAIME PÉREZ DOMÍNGUEZ por parte de elementos de la Policía Preventiva Estatal de Tetelcingo, Zona nororiente de Cuatula, Morelos, Mando Único. Como se señaló en las acciones urgentes de 19 de septiembre de 2013 así como en la del 21 de septiembre del mismo año. La policía realizó un uso inadecuada de la fuerza contra la población que esperaba a una autoridad o personal de la empresa que rompía el acuerdo tomado sobre el cese de la construcciòn del acueducto hasta que no se viera el impacto en la población. Esto causó la detención arbitraria y tortura del defensor de Derechos Humanos JAIME PÉREZ DOMÍNGUEZ.  Por tal motivo se teme la entrada de las policía preventiva estatal de Morelos en Huexca.

A casi un año de la presencia policiaca,  el día de hoy 9 de octubre del 2013 a las 9:30 hrs, dos camionetas estatales, una de mando único y una de policía municipal llegaron a la comunidad llevando a trabajadores y  15 elementos de la policía, además de  un representante de gobierno del estado de Morelos y el secretario del gobierno municipal, han entrado a la comunidad para resguardar la obra pública del kínder “Jardín”. Pasando por encima de la negativa del pueblo y el ejercicio de su derecho a decidir sobre las obras a desarrollarse en su territorio.

Ya anteriormente se ha intentado transgredir y viciar la decisión de la población, utilizado recursos públicos y sociales para engañar y convencer a la comunidad de tomar una decisión sobre la termoeléctrica pero no por estar convencidos de la seguridad de la obra, cuidado de la salud, medio ambiente y beneficio común, sino a cambio de un beneficio personal momentáneo que divide a la comunidad, contradiciendo una política de consciencia social y ecológica que debe promover el gobierno morelense. Debido a que estas medidas de cooptación no llegaron a cambiar la decisión de un pueblo informado de las consecuencias del proyecto, ahora se pretende utilizar la fuerza pública para aparentar el acuerdo de la comunidad con el Proyecto Integral Morelos.

Hasta la última información que tenemos el pueblo de Huexca ha detenido las obras públicas, hubo un roce entre la población y la policía, ésta ya se  ha retirado de la comunidad, pero el representante de gobierno estatal  se encuentra en casa de una de las personas que pertenecen al grupo encabezado por la C. Lourdes Hernández Paredes. Cuestión que nos alarma ya que existe la posibilidad de querer desarrollar una acción parecida al 23 de octubre del 2012 en la que se buscó legitimar la incursión policiaca  a través de firmas apócrifas.  Es una forma en que este gobierno está dividiendo y afectando al pueblo. Es un problema que atenta contra la paz y tranquilidad de todo Huexca, por medio de amenazas, recursos públicos condicionados ilegalmente, falsificaciones, fraudes y engaños, todo con el objetivo de conseguir realizar una obra de gran impacto a la comunidad, sin tomarla en cuenta desde un inicio. El 3 de octubre de 2013 la comunidad de Huexca denunció públicamente la amenaza del Gobierno de Estado y CFE, a través de estos grupos de poder de recurrir al uso de la fuerza pública al interior de la comunidad para que se  impongan  las obras y aparenten acuerdo de la comunidad con la termoeléctrica. El mismo día se encontraron de frente con el Gobernador Graco Ramírez a quien pidieron diálogo para tratar este asunto, ante lo cual el Gobernador contestó que ya habían dialogado demasiado con Huexca.

Es preocupante la forma en que el gobierno estatal está imponiendo el Proyecto Integral Morelos, con una serie de acciones represivas desde octubre del 2012 hacia las comunidades de Huexca, Jantetelco y la Colonia Grabriel Tepepa en Cuautla.

Los derechos humanos de los pueblos para establecer libremente su condición política y proveer su desarrollo económico, social y cultural estipulado en el derecho a la libre determinación, la consulta y la libre decisión de los pueblos sobre su desarrollo  estipulado en el Convenio 169 de la OIT,  en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además de la libre organización y participación política estipulado por el Pacto Internacional de los derechos Civiles y Políticos, se están violando  con estas acciones desde el Estado.

Por otra parte, aunque se retiró la fuerza pública el día de hoy,  existe la latente posibilidad de una acción represiva y abuso de la fuerza pública hacia la comunidad de Huexca.

Por lo que hacemos un llamado al gobierno estatal para que respete las formas de toma de decisión que tiene el pueblo de Huexca a través de su asamblea,  el acuerdo tomado con la población, que respete los derechos humanos de las y los pobladores de Huexca y retire inmediatamente la fuerza pública.

Hacemos un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se dirija a la comunidad y registre las violaciones de derechos humanos que puedan cometer  la fuerza pública contra la población.

A su vez hacemos el llamamiento a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como a las organizaciones sociales y civiles y al pueblo de México para que vigilen y contribuyan a construir una cultura del respeto de los derechos humanos y un diálogo en condiciones de seguridad y de paz. Además de exigir la salida de la policía para evitar un enfrentamiento con la población.

SOLICITAMOS

1.- Se prohíba que ingrese la fuerza pública a Huexca para la instalación de obras públicas a cambio de la aceptación de la termoeléctrica. Se respete la decisión del pueblo de Huexca de no construir ninguna obra que provenga de la CFE y del gobierno estatal como forma de presión para aceptar el proyecto.

2.- Se analice e investigue el comportamiento de la  familia de la C. Lourdes Hernández Paredes, a través de organismos civiles, de derechos humanos y judiciales. Donde se esclarezca que tipo de relación económica, de interés, laboral o la que resulte, tiene con el Gobierno Estatal y Comisión Federal de Electricidad y cuáles son sus objetivos.

3.- Se realice un diálogo público con las autoridades sobre el derecho a consulta de los pueblos para el Proyecto Integral Morelos, así como la afectación ambiental, social, económica, cultural y de salud. Y en tanto, sea suspendida la obra y se retire la fuerza pública de las comunidades.

4.- De no tomar acciones al respecto las autoridades competentes estarán siendo responsables del delito de complicidad por omisión y responsables de cualquier hecho violento que se pudiera generar al interior de la comunidad.

 

México D.F. a 9 de octubre de 2013

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES

ANTONIO DE MONTESINOS AC

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