Fuerzas armadas detienen ilegalmente a comunitarios en guerrero

Policías comunitarios detenidos por la Policía municipal de Cochoapa El Grande. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Con la ayuda de militares que portan la insignia del Plan DN III y la Procuraduría General de la República, la Policía Municipal de Cochoapa el Grande detuvo a doce policías comunitarios de Zitlaltepec, adheridos a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que acudieron a la cabecera municipal a realizar una retención de un indígena para buscar darle solución a un conflicto agrario.

Los policías comunitarios fueron detenidos por la municipal, con la ayuda de militares que se encuentran en la zona con la supuesta consigna de ayudar a damnificados. Por la noche, los detenidos arribaron al Ministerio Público de Tlapa donde estuvieron resguardados también por la Policía Estatal. Y posteriormente fueron trasladados a la PGR, donde los mantienen retenidos contra derecho, de acuerdo a la Ley 701, del estado de Guerrero que les faculta para operar con su sistema normativo, reconocido internacionalmente en el Convenio 169 del Derechos de los Pueblos Indígenas.

Sin embargo, el gobierno mexicano continúa con las detenciones arbitrarias y mantiene incomunicados a los detenidos. Por lo que varios abogados, entre ellos, Vidulo Rosales, de la organización Tlachinollan, solicitaron el amparo para que sean respetados sus derechos humanos.

Antes de que un militar (quien portaba la insignia del Plan DN III) exigiera de manera hostil a reporteros alejarse de los policías comunitarios, uno de ellos respondió que iban por una persona que tenía que ser presentada a la CRAC porque había una orden en su contra pero que no quizo acompañarlos y comenzó a dispararles por lo que repelieron el ataque. No se reportaron heridos o decesos.

Félix Flores, indígena que acompañó a los comunitarios, señaló que con la autorización de principales, se presentó una denuncia ante la Casa de Justicia de Zitlaltepec para buscar solucionar un conflicto por tierras con Faustino García pero que cuando llegó la comunitaria se dio a la fuga junto con otras tres personas.

Al preguntarle al síndico priísta Bernardo Ponce García su versión de los hechos fue aconsejado por una persona de Gobernación estatal para no decir nada a los reporteros.

De manera informal se observó que las acusaciones contra comunitarios correrían a cargo del síndico y una persona que le dictó a un secretario del MP la queja de la señora Francisca Iturbide quien no declaró, sólo se estaba sentada en el MP porque la mujer resultó aparentemente afectada porque una camioneta donde se refugió el prófugo de la CRAC recibió impactos de bala.

Los elementos de la Policía Comunitaria portaban escopetas, tres pistolas de calibre 38 y 45, además de sus credenciales de la CRAC, de elector, documentos oficiales y el sello de la Policía Comunitaria, municipones y una manta mojada, pertenencias que revisó el Ejército y la Policía Estatal antes de que fueran presentadas al MP.

Los policías comunitarios fueron trasladados a Chilpancingo.

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